viernes, 18 de diciembre de 2015

Los listados en InfoSur

¿QUÉ PASA CON LAS TUMBAS N.N.?

¿QUÉ PASA CON LAS TUMBAS N.N.? Hace tiempo que se habla de las tumbas N.N. como destino de los detenidos-desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Mucho se habla del tema y desde la dirección de derechos humanos nunca dejaremos de buscar para dar respuesta a los familiares, para ello contamos con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense. En la actual gestión municipal solicitamos información al Cementerio Municipal sobre tumbas N.N. del período 1976-1983. En la actualidad seguimos investigando y aportando datos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y a la Justicia. La palabra N.N. viene de “Nomen Nescio” en Latín que significa “desconozco el nombre”. A casi 32 años de que salieran a luz pública. Ciertos sectores descubrieron la existencia de tumbas NN en el distrito. Hoy damos a conocer aquel informe que fuimos construyendo con la ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades del cementerio local. Debemos reconocer las denuncias efectuadas por el concejal radical Rubén Oscar Bagliani en Tiempo Argentino (Que dirigía justamente el Dr. Eduardo Luis Duhalde) en su edición del 28 de diciembre de 1983. Bagliani dice que en su trabajo como bombero voluntario en tiempos de la dictadura, vio unos 30 cuerpos ultimados a balazos (fusilamientos) que había tenido que recoger junto a sus compañeros e inhumar en el cementerio de nuestra ciudad. En el diario, se aclara que el juez federal Oscar Salvi, “habría dispuesto el secuestro de los libros del cuartel de bomberos voluntarios de Florencio Varela a fin de verificar si existe documentación respecto de los fusilamientos mencionados por el concejal de la UCR”. “Ayer, diputados bonaerenses miembros de la Comisión de Derechos y Garantías, realizaron un relevamiento en las zonas de Florencio Varela, en las cuales el concejal Baghardi (sic) tuvieron lugar los fusilamientos de 20 a 30 hombres y mujeres cuyos cadáveres por expreso pedido de la policía local, fueron recogidos por efectivos del cuartel de bomberos voluntarios” agrega Tiempo Argentino El periódico Mi Ciudad en su versión on line dice que: “Además, Bagliani dio cuenta de dos datos centrales. Por un lado, que los casos en los que le había tocado intervenir se habían dado entre 1976 y 1978, el período de mayor cantidad de desapariciones y homicidios cometidos por el gobierno militar, como ya probó largamente la Justicia.El segundo de los elementos es que la mayoría de los «hallazgos» de cadáveres (entre comillas, porque el cuerpo de bomberos era convocado para ir a recogerlos) se daba en el barrio Las Cavas, del paraje Los Eucaliptus; y en las inmediaciones del arroyo Davidson, ambos en Florencio Varela. Este último dato no es menor si se tiene en cuenta que ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, el ex agente de inteligencia del Batallón 601, Orestes Vaello, habló de un predio en nuestra ciudad denominado «la Tosquera» en el que se habría dado «disposición final», de acuerdo al eufemismo de la dictadura, a cuerpos de sus víctimas”.

jueves, 17 de diciembre de 2015

¿QUÉ SON LOS JUICIOS POR LA VERDAD?

¿QUÉ SON LOS JUICIOS POR LA VERDAD?
La dirección de derechos humanos municipal informa algunos aspectos referidos a los llamados “Juicios por la Verdad” que se instruyeron y realizaron en distintos lugares de nuestro país y en particular en la ciudad de La Plata. Luego de la promulgación -durante la presidencia de Raúl Alfonsín- de las leyes de obediencia debida y de punto final (consideradas “las leyes de impunidad”), y el otorgamiento de los indultos por parte del presidente Carlos Menem , a los responsables de la última dictadura militar que habían sido juzgados y condenados, los organismos de derechos humanos de la Argentina desplegaron nuevas estrategias para buscar justicia. El 21 de abril de 1998 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la resolución 18/98, a pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, declarando el derecho de los familiares de las víctimas de abusos del Estado ocurridos en el último gobierno de facto (1976-1983) de conocer cuáles fueron las circunstancias de desaparición y en su caso, el destino final de sus restos. Para ello se designó a los doctores Julio Víctor Reboredo, Leopoldo Héctor Schiffrin y Alberto Ramón Durán –hoy fallecido-, como delegados del pleno, encarando el Tribunal la investigación del “derecho a la verdad”, conforme las directivas emanadas en la materia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia sentada en el caso “Velázquez Rodríguez”. Cabe recordar que ya desde finales de los años 80 la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) reconoció el deber de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana en el caso Velásquez Rodríguez. La jurisprudencia de la CIDH había ratificado esta línea en el caso Bámaca Velásquez y, posteriormente, en referencia expresa al caso argentino, la CIDH emitió su Informe 28/92 mediante el cual se instó al Estado a remover aquellos obstáculos que pudiesen impedir el juzgamiento de los responsables por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. También debemos recordar que nuestro país realizó, impulsados por organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas de terrorismo de Estado. Su objetivo principal consistió en esclarecer en el ámbito de la justicia penal los crímenes y las circunstancias de la desaparición forzada de miles de ciudadanos argentinos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Esta posibilidad se habilitó en el plano jurídico con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Allí se introdujo la figura de ‘habeas data’, el derecho a la información. Gracias a esta innovación algunos abogados contemplaron la posibilidad de asociar la idea de verdad con la explicitación de las circunstancias de secuestro de personas detenidas ilegalmente e impulsaron causas judiciales en ese sentido. Es decir, se presentaron demandas para averiguar dónde habían estado secuestradas determinadas personas, qué les había sucedido y quiénes habían sido sus verdugos. Como dice Hernán I. Schapiro: “El dato novedoso de estos procesos consiste en que su objeto se agota en la averiguación de la cuestiones aludidas, o sea, en la fijación judicial de la verdad, sin que, en principio, pueda derivarse de ello, en el propio marco de estos juicios, la imposición de castigo alguno para los sujetos responsables de las acciones punibles o, en su caso, la absolución de quienes carezcan de responsabilidad (…) Se trata, en definitiva, de procesos con características formalmente penales, pero vaciados de contenido punitivo”. El mismo Schapiro agrega que: “En definitiva, y a modo de adelanto de una de las posibles conclusiones de este informe, diría que el esclarecimiento de la verdad constituye una etapa importante e imprescindible, pero transicional respecto del irrenunciable reclamo de justicia”. Esto quiere decir que en nuestro caso, la Argentina, adhiere a los tratados internacionales de Derechos Humanos a partir de la reforma constitucional de 1994 y todo Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar que todas las personas de ese Estado puedan disfrutar de los derechos establecidos en el tratado. El otro problema es que se encontraban vigentes las leyes de la impunidad (obediencia debida, punto final e indultos presidenciales) y es por eso que se sustancian los Juicios por la Verdad. Consultado el Dr. Leopoldo Héctor Schiffrin por el autor de esta nota sobre si los testimonios en los Juicios por la Verdad son considerados en los nuevos juicios me dice que “depende del juez”. Sería un error pretenden reducir a los «juicios por la verdad» a un rol únicamente testimonial y constituirlos, además, en la única respuesta judicial posible frente a la impunidad de los genocidas. Para estas posiciones, los juicios podrían transformarse en un modo de sellar la impunidad o, en otros términos, la verdad sería la última y definitiva palabra que el Estado debería brindar a la sociedad. En el momento en que se produjo la reapertura judicial —no sólo a partir de los fallos judiciales sino también del dictado de una ley del Congreso que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, más la firme política del gobierno nacional de impulsar la Memoria, la Verdad y la Justicia— no existió en ningún momento una política de planificación sobre cómo llevar este proceso adelante. No hay aún en la justicia ciertos criterios uniformes sobre cómo llevar estas causas adelante. Como dice el Dr. Eduardo Rezses: “Algunos juzgados instruyen solamente sobre tormentos y privación ilegal de la libertad; algunos pocos se animan a calificar los hechos como homicidios calificados aun sin aparición de los cuerpos, criterio sostenido por la Sala III de La Plata, por ejemplo, en una de las causas seguidas contra Miguel Osvaldo Etchecolatz; otros juzgados califican los hechos como asociación ilícita. Es decir, no hay un criterio uniforme de los juzgados intervinientes; esto genera en las víctimas una sensación de inseguridad o de falta de expectativas sobre cómo va a ser juzgado el delito en cada caso, ya que en cada lugar se juzga de diferente manera” . Es por lo expuesto, que se deben, expresamos que hay que pensar las instituciones penales, la dogmática penal o el proceso penal como mecanismos que sirvan para contener y limitar el poder punitivo del Estado y su ejercicio abusivo, y no para legitimarlo. Y en este sentido llamamos a víctimas para generar las estrategias judiciales que impliquen sostener un criterio jurídico que se traslada a un criterio político que es la defensa de la jurisdicción territorial, o sea que cada jurisdicción pueda investigar qué sucedió en cada uno de los lugares. Algunos problemas técnicos y jurídicos que se observan en los juzgados en que intervienen son, en primer lugar, que no hay una capacidad técnica del personal de los juzgados de los operadores del juzgado, de los secretarios, los relatores, las personas que toman testimonio, para entender que el testimonio de un sobreviviente de un centro clandestino de detención no es lo mismo que otros casos. Por un lado hay argumentos jurídicos, basados en la economía procesal, en la proximidad respecto del lugar de los hechos, cuestión que también posibilita un mero derecho de defensa, pero más allá de esto hay una intención política que es llevar el conflicto a las ciudades el juzgado que tenga competencia en el territorio donde ocurrieron los hechos. Hoy existen Juicios orales y escritos en curso por delitos de lesa humanidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, San Luis, Tucumán. Las presentaciones se deben hacer en los circuitos correspondientes, si fue víctima en la ESMA la denuncia se debe hacer en los juzgados de Comodoro Py, si es Campo de Mayo en los tribunales de San Martín. Por esto proponemos canalizar los juicios por medio del Dr. Ramón Mariano Baibiene de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 1 Se realizaron en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Misiones, Salta y Jujuy. 2 La Ley de Punto Final (N°23.492) fue promulgada en Argentina el 24 de diciembre de 1986. 3 La Ley de Obediencia Debida (N° 23.521) fue promulgada en Argentina el 4 de junio de 1987. 4 Se conoce como los indultos de Menem una serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el entonces presidente de la Argentina Carlos Menem, indultando civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de 1.200 personas. 5 SCHAPIRO, H. (2002) “El surgimiento de los juicios por la verdad en la Argentina de los años 90”, Revista El vuelo de ICARO. Revista de derechos humanos, crítica política y análisis de la economía. Buenos Aires: LAPDH, Nº 2-3. p. 359 6 SCHAPIRO, H. (2002) “El surgimiento de los juicios por la verdad en la Argentina de los años 90”, Revista El vuelo de ICARO. Revista de derechos humanos, crítica política y análisis de la economía. Buenos Aires: LAPDH, Nº 2-3. p. 360 7 AA.VV. (2010). Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado estrategias de intervención. Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 2ª edición, Buenos Aires, Argentina

¿CÓMO FUNCIONÓ LA INTELIGENCIA DEL 601 EN VARELA?

Los llamados “Agentes de Inteligencia del 601” que vincula la investigación de crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en el territorio nacional con los gobierno locales como Florencio Varela, con las actividades realizadas por el Batallón de Inteligencia 601. Es de destacar que la actividad desplegada por el Batallón de Inteligencia 601 se enmarca en la línea que siguieron las Directivas del Consejo de Defensa, del Comando en Jefe del Ejército y -en definitiva- de la Junta de Comandantes, donde se estableció que la actividad de Inteligencia era prioritaria en el proceso de "combate a la subversión". La Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75, emitida en Octubre de 1975, tuvo como finalidad poner en ejecución las medidas y acciones previstas por el Consejo de Defensa, dirigida a las Unidades del Ejército y que expone en su libro "Memoria Devida", José Luis D' Andrea Mohr que dice textualmente: “Operar ofensivamente (. . .) en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras FFAA para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas (...)” . Estas Directivas mencionadas y en plena implementación del Plan Represivo, se dictó la Orden de Operaciones N° 9/77 del Cuerpo I de Ejército (Zona I en la planificación represiva) donde se establece la necesidad de "incrementar las actividades de inteligencia, como recurso destinado a aumentar los índices de presión sobre el accionar del oponente e impedir errores que se reviertan desfavorablemente sobre la fuerza." La Orden de Operaciones N° 9/77 fue firmada por Guillermo Suárez Masen, General de División, Comandante de Zona I, y distribuida a todos los comandantes de sub-zona para su aplicación y a los otros Comandantes de Zona (Cuerpos de Ejército II, III y Zona IV y V Cuerpo) para su conocimiento, con el objetivo de marcar una línea de acción y sentar doctrina operativa. Conforme surge de la Directiva 1/75 y la orden 404/75 el territorio nacional se encontraba dividido en cuatro zonas, cada una comandada por alguna dependencia con grado jerárquico del ejército y consistían en: Zona I: Comandada por el Primer Cuerpo de Ejército y comprendía las zonas de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Torquinst, Coronel Pringles, Adolfo González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, Patagones, Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, Tres de Febrero, y Vicente López. Cabe remarcar que hasta fines del año 1979, esta zona abarcó toda la provincia de La Pampa y se encontraba dividida en 7 subzonas, con 31 áreas cada una.- Zona II: Comandada por el Segundo Cuerpo de Ejército y estaba compuesta por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, la cual se encontraba dividida en cuatro subzonas, y 28 áreas.- Zona III: Comandada por el Tercer Cuerpo de Ejército y comprendía la zona de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy y se dividía a su vez en cuatro subzonas, y 24 áreas.- Zona IV: Comandada por el Comando de Institutos Militares, estaba dividida en ocho áreas, comprendiendo los partidos de Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, todos de la Provincia de Buenos Aires.- Estas normativas fueron el marco conceptual mediante el cual se estableció la necesidad de centralizar la actividad de inteligencia desde la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) del Comando General del Ejército; y esta Jefatura II definió como órgano ejecutor de dicha centralización al Batallón de Inteligencia 601. Desde el Batallón se estructuró un sistema completo de red de información nacional en donde desde las Zonas, Subzonas y Áreas en que fue dividido el país, se conformaron Comunidades Informativas que cumplieron las necesidades propias de cada Región y a su vez aportaron información a la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601. Dicha Central de Reunión estaba integrada por los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, la Armada, Institutos Penales, Superintendencia de Seguridad Federal, Prefectura, SIDE, etc., y personal de Batallón de Inteligencia 601. Es de destacar que las unidades de Inteligencia y específicamente el Batallón de Inteligencia 601, fueron integradas y comandadas por personal especialmente entrenado que habría sido el responsable del diseño e implementación de las órdenes que emanaron de las estructuras superiores ya mencionadas y cuya preparación especial en operaciones de inteligencia militar contrainsurgente se deduce de los cursos que realizaron en centros a los que acudieron para su formación. Como dice refiriéndose a la Inteligencia Militar José Luis O' Andrea Mohr: "... la "Inteligencia" fue el "sistema nervioso" del terrorismo de Estado que conectó a las máximas autoridades con los centros de tortura y desaparición de personas, operados por personal de Inteligencia" . El Batallón de Inteligencia 601 funcionaba en la calle Viamonte N° 1814/16 (Viamonte y Callao) de Capital Federal y dependía en forma directa del Comando General del Ejército, como Formación de ese Comando. La creación del Batallón de Inteligencia 601 quedó establecida a partir de la publicación del Boletín Confidencial del Ejército (BCE) 374 de fecha 1ro de enero de 1968, en donde se definió una "Reestructuración Orgánica del Área de Inteligencia" creando el "Batallón de Inteligencia Militar 601. También debemos destacar en este accionar represivo lo que se llama el Circuito Camps que de hecho funcionaba autónomamente y tenía como máximo responsable al General Ramón Camps y que tenía influencia, o jurisdicción si se quiere, en La Plata y sus alrededores, la zona sur del Conurbano. Dentro de este esquema represivo sabemos que existían delegaciones del Batallón de inteligencia 601, en todas las comisarías de la Provincia de Buenos Aires. LA comisaría 1ª de Florencio Varela no fue la excepción. La comisaría 1ª fue un lugar “de paso” de los secuestrados, es decir un Centro de Detención (CD) a diferencia de los Centros Clandestinos de Detención (CCD). Dicha comisaría cumplió con acciones de “inteligencia”, “Zonas liberadas”, “detenciones”, etc. Hacemos público el listado parcial de policías elaborado por esta Dirección de Derechos Humanos del período 1976-1983: Autoridad del Cementerio • José Veloso (Director). Comisarios • Mallistrelli, Omar Raúl (108714). • Resia, Ricardo David. • D'adamo, Felipe Antonio. • Fernández, Francisco Melchor. • Soria, Aníbal Manuel. • González, Carlos. • González, Carlos Emilio. • Méndez, Héctor Oscar. • Buner Diamante, Samuel. • Mussa, Américo Brahin (1983). Sub-Comisarios • Romero, Víctor Esteban. • Castagnola, Rodolfo. • Wojcjakyan, Francisco. • Fernández, Antonio Ignacio. • Vilard, Amado Alfredo. • González, Emilio Alberto. • Hersic, Emilio Mario. • López, Juan José. • Bunge Diamante, Samuel. • Costa, Alfredo José. • Mussa, Americo Brahin (1981). • Usim, Héctor Luís. • Motla, Carlos Alberto. Oficial Principal • Rozycki, Carlos Rafa. (139876). • Rodriguez, Juan Albino. • Ronconi, Alberto. Sub- Oficial • Campanaro, Carlos Daniel (185303). • Rodríguez, Juan Carlos (181484). • García, Jorge Miguel. Oficial Ayudante • Rodríguez, José Luis (202745). • Chamorro, Carlos Roberto. • Lopéz, Omar Ángel. • Delgado, Alfredo Jesús David. • Lencina, Agustín Rodolfo. • González, Eduardo Horacio. • Ocampo, Ricardo Omar (13333). • Jordán, Ricardo Luis. • Contreras, Omar Elías. Oficial Inspector • Echeverría, Luís María (149691). • D´Elía, Moises. • D´Elía, Esteban. • Acosta, José O. • Padrón, Miguel Ángel. • Rodríguez, Juan A. • Asarchuk, Néstor Oscar. • D'ambrosio, Alejandro. • Rivero, Jorge Héctor. • Biglianos, Oscar Alberto. • Contreras, Omar Elías (207162). • Gutiérrez, Jorge Omar. Oficial Sub- Inspector • Acuña, Hugo Aníbal. (Quilmes). • Propato, Carlos Alberto. • Navarro, Justo Martín (88907). • Chamorro, Carlos Roberto (202638). • Gutiérrez, Jorge Omar. • Monzón, Carlos. • Contreras, Omar Elías (207162). • López, Omar Ángel. • Wilheln, Héctor Raúl. • Delgado. • Silveyra, Sergio. • Pieroni, Raúl Osvaldo. • Sotelo, Ricardo Eusebio. • Ríos, Roberto D. • Campanar, Carlos Daniel. Cabo • 1° Borkowsky, Ricardo • 1° Gómez, Pedro • Brandan, Luis Alberto (88700) • Sáenz, José Ángel (87764) • 1° Bordón, Faustino (79505) • Ruíz Díaz, Juan Teófilo (90037) • 1° Ojeda, Juan Ramón (76349) • 1° Sosa, Guadalupe (74391) • 1° Arroyo, Pedro (87730) • Florio, Daniel E. (95746) • 1° Ledesma, Fernando Antonio (80076) • 1° Suarez, Martín (88431) • 1° Altamirano, Gabriel (92691) • Pereyra, Daniel (10670) • Alijo, Nicanor (80747) • Toscano, Martín Zenón (9733) (1901) • 1° Godoy, Hipólito (5360) • Pérez (79840) • Aguirre, G. M. ( 60134) • Aranda, Martín (79869) Sargento • Giménez, Pedro Gavino (72384) • Vitolo, Alfredo N (58185) • Rodríguez, Rito (66456) • Suarez, Luis • 1° Velázquez, Osvaldo (58965) • Pérez, Brigino (59080) Agente • Mariani, José Alberto (104200) • Díaz, Rubén (106155) • Palacio, Pedro (101171) • Juárez, Pedro (105462) • Domínguez, Osmar (105102) • Ayala, Jorge (107534) • Rotela, Daniel (24557) • Barragán, Walter (107021) 1981 • Pesimone, A. • Praderio, Ricardo (24533) • Mendieta, Miguel A. (100482) • Bofado, Francisco (98000) • García, Roberto (100637) • Juárez, Víctor José (11625) • Paredes, Manuel Pastor (98845) • Soto, Ramón E. (99681) • Alegre, Carlos Umberto (90989) Aspirante • Cedrón, Enrique (106549) • Ballesteros, Manuel (106723) • Reynoso, Víctor Hugo (106968) • Barragán, Walter (107021) • Herrera, Cesar Omar (107118) • Alegre, Andrés (107498) • Ibaceta, Ramón E. (101514) Policía sin Categoría • Aragón, Reinaldo Ismael (107062) • Donato, González • Arreche, Carlos Omar • Leiva, Juan Ramón • Capurro, Juan Carlos (107465) • Cabrera, Carlos • Rutaglia o Butalla, José Luis (106545) • Paz, Pedro Pablo (107468) • Arata, Julio A. • Casas, Antonio A. (100398) • Nis, Pedro Pablo (107468) • Ortiz, Miguel (107363) • Sotelo • Rolón Fernández, Félix • Galván, Federico (107308) • Silva, Ricardo (107071) • Barrio, Félix (115748) • Toledo, Hicario • Flores, Genaro • Díaz, Rubén Alcides • Arana, Eduardo Isidro • Giménez, Carlos (78940) • Luissi, Emilio Sebastián (86518) • Rodríguez, Carlos Mari (81753) • Roldán, Miguel Ángel (90601) • Benavidez, Fernando Ari (207048) • Benítez, Horacio Mari (61133) • Benlloch, David Raúl (76867) • Bogado, Francisco (98000) • Cañete, Esteban Mario (94578) • Centurión, Ramón Oscar (94898) • Claro, Rubén (81254) • Corbalán, José Luís (97841) • Correa, Dalmacio (78565) • Correa, Daniel (62295) • Correa, Luís Salvador (81253) • Dalera, Miguel Ángel (97842) • De Pablo, Andrés C. (45589) • De Pablo, Osvaldo Daniel (95874) • Delgado, Juan Carlos (72388) • Díaz, Horacio José (96924) • Ehcosor, Juan Ramón (75704) • Enciso, Isabelino Ramón (91036) • Escalante, Eloy Ramón (41407) • Fernández, León (78796) • Fernández, Tomás A. (71828) • Figueredo, Mar Eli (84915) • Fillol, Horacio Oscar (90986) • Giménez, Gregorio Nicol • Godoy, Hipólito (79509) • Godoy, Juan S. (16758) • Gómez, Pedro Octavio (80535) • Grilotti, Francisco (77418) • Guzmán, Alberto Aníbal (73168) • Ibarra, Alfredo Omar (90668) • López, Joaquín (21898) • Maidana, Bernardino o Bernardo Luís (97361) • Márquez, Lucio (62992) • Martínez, Hugo Omar (83768) • Muzzi, Roberto (77419) • Nieves, Carlos Omar (84215) • Oller, Eduardo (59353) • Orellana, Ángel M. (61861) • Pardo, Juan (47743) • Sosa, Rodolfo Omar (202760) • Suarez, Arsenio (72067) • Suarez, Fausto (61632) • Suarez, Luís Roberto (71827) • Cardozo, Jorge A. (100716) • Vallejo, Orlando N. (95561) • Leonardo, Mario Héctor (100783) • Dognola, José Raúl (3701) • Barrios, Jesús H. (100823) • Giménez, Pedro • Funes, Juan Carlos • Plaza Pérez, Daniel (6340) • Cerro, Luís (81233) • Cortínez, Carlos (100942) • Ramírez, Alberto Gabriel (100715) • Ramos • Franco, José Renato (79659) • Acosta, Oscar (50932) • Cañete, Esteban Mario (94578) Mario o Ignacio • Casco, Atilio W. (11854) • De Chiara, Jorge Omar • Ecosor, Juan Ramón (75704) • Godoy, Dionisio (56914) • González, Emilio A. • Macis, Ernesto • Pereyra, Norberto • Pérez, Sisino • Vechio, Roberto • Aguirre, Alejandro Daniel (95562) • Artal, Armando • Banegas, Mariano A. (78418) • Cuello, Rogelio (89902) • Etchichuri, Oscar Ricardo • Evangelista, Oscar • Falesse, Pedro Teodoro (90092) • Jáuregui, Máximo (87198) • Junquera, Juan Carlos • Kutelovich, Omar Antonio (98843) • Linares, Néstor R. (81518) • Bertini, Juan Rómulo (72446) • Coronel, Carlos Martiriano (101509) • Cwick, Demetrio R. (101485) • Ford, Ulises • Zapata, Jorge Omar (93453) • Rodríguez, Juan Esteban (95564) • Rodríguez Oscar (70164) • Rodríguez, Raúl (91778) • Rojas, Ramón Manuel (92639) • Roldán, Carmen Eugenio (69347) • Rolón, Silvio (77417) • Romero, Héctor A. (71614) • Rosales, Hilario José (71102) • Sánchez, Roberto (74696) • Sánchez, Rogelio Virgi (68948) • Silva, Gerardo (117249) • Sosa, Ángel A. (65571) • Passiotti, Oscar Roque (61201) • Pérez, Brígido (59080) • Pérez, Cicino (79840) • Pérez, Eduvugia Floren (72311) • Rivero, Ignacio S. (59390) • Roa, Raúl Roque (92640) • Robledo Catalino (71325) 1 José Luis D Andrea Mohr Capitán ( R ) 2 José Luis D Andrea Mohr Capitán (R), fue pasado a retiro obligatorio tras negarse a declarar en el año 1976 en un sumario ordenado por el General Jorge Rafael Videla. En 1987 compareció ante un Tribunal de Honor Militar y finalmente fue destituido por un Consejo de Guerra. Sus libros son : "El Escuadrón Perdido" - Planeta - y "Memoria Devida"- Colihue- 3 Se adjunta el informe de calificación del año 1967 /68 del Capitán de Artillería Neil Lorenzo Blazquez en donde se cita el Boletín Confidencial del Ejército (BCE) 374 de fecha 1/1/68 y la Reestructuración Orgánica del Área de Inteligencia. Blázquez pasa a integrar el Batallón de Inteligencia Militar 601 en la fecha citada mediante Orden del Día (OD) 257. Es el mismo caso del Capitán Juan Messina del cual también se adjunta el informe de calificación.

lunes, 27 de febrero de 2012

6 INFORME SOBRE CÁRCELES 2011 El sistema de la crueldad VI-

Desde hace años la Comisión por la Memoria presenta su informe anual sobre la violación de los derechos humanos que sufren las personas detenidas
en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Su Comité contra la Tortura ha realizado sistemáticamente estudios, evaluaciones e inspecciones que le han permitido sostener las conclusiones a las que se ha arribado. El primer cometido era mostrar a la ciudadanía lo que ocurría en las catacumbas del sistema: la tortura, el hacinamiento, la falta de acceso a la justicia y la corrupción y explicar que eso no nacía exclusivamente de la maldad de las personas sino que era consecuencia de un sistema que venía de lejos y cuya matriz no se había modificado.
Tomando como referencia el establecimiento del sistema democrático en 1983, podemos afirmar que el año 2000 marcó un punto de inflexión: una profundización sin igual en tiempos democráticos de un sistema opresivo y autoritario.
También era necesario demostrar la relación directa y proporcional entre esa violencia intramuros y lo que ocurría en las calles. El adentro y el afuera no
son compartimentos estancos de una sociedad, sino que interactúan entre sí potenciando la violencia final de cara a los habitantes de la provincia.

5 INFORME SOBRE CÁRCELES 2010 - El sistema de la crueldad V-

Desde hace años la Comisión por la Memoria presenta su informe anual sobre la violación de los derechos humanos que sufren las personas detenidas
en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Su Comité contra la Tortura ha realizado sistemáticamente estudios, evaluaciones e inspecciones que le han permitido sostener las conclusiones a las que se ha arribado. El primer cometido era mostrar a la ciudadanía lo que ocurría en las catacumbas del sistema: la tortura, el hacinamiento, la falta de acceso a la justicia y la corrupción y explicar que eso no nacía exclusivamente de la maldad de las personas sino que era consecuencia de un sistema que venía de lejos y cuya matriz no se había modificado.
Tomando como referencia el establecimiento del sistema democrático en 1983, podemos afirmar que el año 2000 marcó un punto de inflexión: una profundización sin igual en tiempos democráticos de un sistema opresivo y autoritario.
También era necesario demostrar la relación directa y proporcional entre esa violencia intramuros y lo que ocurría en las calles. El adentro y el afuera no
son compartimentos estancos de una sociedad, sino que interactúan entre sí potenciando la violencia final de cara a los habitantes de la provincia.

4 INFORME SOBRE CÁRCELES 2009 El sistema de la crueldad IV

Desde hace años la Comisión por la Memoria presenta su informe anual sobre la violación de los derechos humanos que sufren las personas detenidas
en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Su Comité contra la Tortura ha realizado sistemáticamente estudios, evaluaciones e inspecciones que le han permitido sostener las conclusiones a las que se ha arribado. El primer cometido era mostrar a la ciudadanía lo que ocurría en las catacumbas del sistema: la tortura, el hacinamiento, la falta de acceso a la justicia y la corrupción y explicar que eso no nacía exclusivamente de la maldad de las personas sino que era consecuencia de un sistema que venía de lejos y cuya matriz no se había modificado.
Tomando como referencia el establecimiento del sistema democrático en 1983, podemos afirmar que el año 2000 marcó un punto de inflexión: una profundización sin igual en tiempos democráticos de un sistema opresivo y autoritario.
También era necesario demostrar la relación directa y proporcional entre esa violencia intramuros y lo que ocurría en las calles. El adentro y el afuera no
son compartimentos estancos de una sociedad, sino que interactúan entre sí potenciando la violencia final de cara a los habitantes de la provincia.